Cerca de 52.000 hijos de padres venezolanos han obtenido la nacionalidad en Colombia amparados por la resolución 8470. Sin embargo, no son pocos los casos de padres migrantes que se enfrentan a vacíos normativos y barreras para que sus niños no queden apátridas.
Por: Rafael Sulbarán Castillo. Periodista. Ya le llegó su niño Jesús. Todavía le falta
Pamela Quintero carga a su bebé antes de darle su mamila. Tiene 23 años y llegó en 2018 proveniente de Maracay, al norte de Venezuela. Su bebé, Liam, tiene un año. Nació en Bogotá unos meses antes de la aparición de la pandemia por la covid-19.
El alumbramiento de Pamela fue en el Hospital El Tintal, en la localidad de Kennedy, una de las más pobladas de la capital colombiana. Liam se vio amparado por la resolución 8470 que entró en vigencia en agosto de 2019 y que otorga la nacionalidad colombiana a niños de padres venezolanos nacidos en Colombia desde agosto de 2015.
Antes de la entrada en vigencia de esta resolución, los hijos de extranjeros no tenían derecho a la nacionalidad así hubiesen nacido en tierra colombiana, salvo si poseían una visa. Con el auge migratorio venezolano, y por cuenta de esta limitación, para 2019 alrededor de 24.000 menores se encontraban en situación de apatridia en Colombia pues tampoco había una embajada venezolana que los registrara.
Pamela estaba asustada porque se acercaba el nacimiento de su hijo. Por eso respiró aliviada cuando el Gobierno anunció esta medida, que le permitió resolver el estatus de su bebé. Pero muchos padres venezolanos migrantes con hijos menores de 5 años como ella, aún deben enfrentar diversos escollos para tramitar la nacionalidad colombiana a sus hijos.
—Durante mi embarazo yo temí por quedar fuera de cualquier posibilidad de atención o que mi niño no tuviera algún certificado de nacimiento. Pero llegó esa ayuda y todo ha marchado bien —dice Pamela mientras termina de alimentar a Liam.
Carlos Alberto Monsalve, director nacional de Registro Civil, afirma que 52.252 niños de padres venezolanos se han visto beneficiados por la resolución hasta febrero de 2021. El proceso de registro puede llevarse a cabo en las 1.196 oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las 902 sedes de la Superintendencia de Notariado y Registro o en cualquier hospital donde nazca un menor.
Monsalve cree que esta política ha sido exitosa y una herramienta clave para la integración de venezolanos en el país.
—Cuando se identificó el éxodo, empezamos inmediatamente a evaluar las posibilidades para que no se volviera un problema el tema del registro —indica Monsalve.
Sin embargo, esta medida, que en términos generales ha funcionado bien y ha sido elogiada por la comunidad internacional, no ha estado exenta de inconvenientes y trabas para los venezolanos.
Para hacer el registro, además de presentar el certificado de nacido vivo que emiten los hospitales, los padres (o en dado caso las madres solteras) también deben demostrar que son venezolanos. Para esto, pueden utilizar su cédula de extranjería vigente, el Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, el pasaporte expedido por la República Bolivariana de Venezuela o la cédula de identidad expedida por las autoridades venezolanas.
Este requisito plantea un primer obstáculo para miles de venezolanos que no cuentan con ningún tipo de documento, ya sea porque no consiguieron que las autoridades de su país les expidieran una identificación o porque la perdieron en sus trayectos migratorios.
Como le sucedió a Carmen*, quien llegó a la capital colombiana en enero de 2019 desde Barquisimeto, en el occidente de Venezuela. Se instaló en el sector de Patio Bonito, donde vende caramelos con su hija Luisa, que nació hace tres meses en un hospital del norte de la ciudad. Su pareja la abandonó y tuvo que enfrentar sola su embarazo. Pero esta no es su principal preocupación. La angustia de Carmen se debe a que hace unos meses le robaron todos sus papeles en la calle.
—Allí tenía mi cédula, el único documento que cargaba —dice.
Carmen hizo la denuncia ante la Policía Nacional y le entregaron una constancia por pérdida de documentos. Este papel es lo único que tiene para demostrar que es venezolana, pero desde el embarazo ya le implicaba problemas para ser atendida en las entidades y los hospitales públicos.
—Yo no sabía cómo debía hacer para que me viera un médico y me dijera que mi niña estaba bien. Solo una vez tuve chance —recuerda. Sin ninguna asesoría, llegó el día del parto y asistió a la sala de urgencia del hospital de Suba, donde por fortuna la atendieron.
Pero la suerte que había tenido en el centro médico no se replicó en los múltiples intentos que hizo para registrar a su bebé.
—Como no tengo cédula ni PEP me he quedado sin la posibilidad de registrar a Luisa y sin tener chance de viajar a Venezuela a sacarme una nueva cédula —dice con desazón.
Diana Capacho es la representante del Instituto de Caridad Universal (ICU) en Norte de Santander, una organización que hace seguimiento a este tipo de casos.
—Muchas personas no pueden regresar a Venezuela a sacar una nueva identidad o aunque pudieran se encuentran con que las autoridades venezolanas muchas veces no expiden ningún documento —explica Capacho, quien considera que poner esta limitación constituye una violación de derechos por parte del Estado colombiano—. Mientras se niegue la posibilidad de una nacionalidad a un niño por algo tan simple como eso, el problema de apatridia no culminará —añade.
Para Capacho, esta situación es especialmente grave porque, al no poder registrar a sus hijos, las madres no pueden acceder a servicios sociales ni los menores podrán beneficiarse a futuro de los programas del Estado. Pero además, explica esta trabajadora social, lo que han visto en la fundación es que muchas de las familias terminan en manos de abogados malintencionados que buscan estafarlos.
Esta situación la vivió Estefany Jiménez, quien no pudo registrar a su niño.
—Yo fui engañada por unos tramitadores. Presenté una copia de mi cédula y me dijeron que ya estaba listo el registro. Cuando llevé a mi bebé a la primera consulta me informaron que aún no estaba en el sistema —asegura esta madre de 25 años.
Aunque tiene su cédula venezolana vigente, lo cual debería ser suficiente para registrar a su pequeño, cuando se acercó a una oficina de la Registraduría le exigieron el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para proceder con el trámite. Pero Estefany, como 983.343 venezolanos en condición irregular en Colombia, no cuenta con este permiso.
Estas situaciones se presentan con cierta regularidad y la Registraduría está al tanto de ello. Monsalve afirma que a la entidad le han presentado varias acciones de tutela o denuncias por casos de irregularidades en los registros, sobornos por parte de funcionarios y otros delitos.
—Estamos conscientes de que algunos funcionarios se salen del camino e incurren en este tipo de fallas que afectan al ciudadano. Desde el interior de nuestra institución luchamos día a día para eliminar los fraudes —y agrega que la institución trabaja junto a la Fiscalía, Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo para identificar estas situaciones—. Hay tramitadores, aves de rapiña que buscan estafar al Estado y a las personas emitiendo documentos falsos.
Sobre la dificultad para registrar a los hijos de personas indocumentadas, Monsalve lamenta la situación pero asegura que para el Estado colombiano es difícil manejar estos casos. El problema, sin embargo, es que con una población irregular que representa más de la mitad de los venezolanos en el país, el número de personas sin ningún tipo de identificación no es menor.
Ahora con el nuevo Estatuto Temporal de Protección Para Migrantes Venezolanos (ETPV) se espera que cientos de miles de ciudadanos puedan regularizar su estatus migratorio en los próximos meses y evitar este tipo de trabas para acceder a todos los servicios del Estado. Es lo que Estefany espera. Por ahora, su rostro sigue expresando la angustia de que su pequeña no sea ni de aquí ni de allá.
Este reportaje forma parte del especial Hijos Migrantes: Inocencia desplazada. Un trabajo realizado en alianza entre Historias que laten, El Pitazo y el proyecto Migración Venezuela de la revista Semana, galardonado con Premio Simón Bolívar 2021