Cinco cadáveres fueron desenterrados para iniciar la investigación que llevaría al Ministerio Público a esclarecer los hechos donde 20 wayuu fueron asesinados durante el período del distrito militar en La Guajira
Por: Rafael David Sulbarán |Periodista.
No le gusta trabajar en calor
La casa de la familia Cambar González parece un fundo típico de las zonas rurales venezolanas, con unas casas juntas y otras dispersas, y con un corral; animales que corretean -gallinas, chivos, perros-; sillas y mesas de madera para recibir a los visitantes; pero la residencia tiene un detalle particular: su propio cementerio. Por la lejanía, los Cambar González tienen a sus familiares muertos ahí mismo, en todo el frente de la propiedad que está a las afueras de Guarero, la última población venezolana antes de la frontera colombiana en Zulia. Dos féretros sobresalen; dos bóvedas de cemento se levantan, y en ellas descansan Alfredo Cambar y Wilfredo Cambar González, padre e hijo.
La mañana del 5 de septiembre de 2016 los Cambar González fueron los anfitriones de un equipo de 16 forenses expertos del Ministerio Público que realizaron la primera exhumación oficial de un cadáver en La Guajira venezolana. Wilfredo, de 22 años, murió asesinado presuntamente por funcionarios de la Guardia Nacional el 29 de enero de 2014. El caso de Wilfredo es uno de los 20 asesinatos cometidos por fuerzas del orden público en el período donde se estableció el distrito militar de La Guajira, que entró en vigencia en 2010 y finalizó el 15 de julio de 2016.
En 2010, luego de las fuertes lluvias registradas en los municipios Guajira y Mara, el entonces presidente Hugo Chávez, decretó la emergencia y militarizó la zona. Por años, el contrabando de gasolina ha sido la principal fuente de ingreso para las familias de la guajira venezolana, cercano a la frontera con Colombia. Más de un millón de litros salen diariamente por las 400 trochas o pasos ilegales terrestres, esto según la información que maneja el Comité de derechos Humanos de la Guajira. Esto mitivó a las fuerzas del orden a darle «cacería» a los contrabandistas, que en muchos casos son familias comunes y corrientes. «Cientos de familias sobreviven con esto, es la única fuente de empleo rentable acá en la Guajira», señaló José David González, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Guajira. Por esta razón las autoridades ha estado detrás de las mafias que extraen la gasolina desde Venezuela. pero se les ha pasado la manos, o al menos, no han cazado a la persona correcta en más de 70 oportunidades.
Uno de esos equivocados fue Wilfredo. “La mañana de ese 29 de enero circulaba por la avenida principal de Guarero; allí fue detenido por un grupo de efectivos militares que estaban en un puesto de control; según ellos mi hijo manejaba un carro que llevaba gasolina de contrabando para Colombia”, expresó en medio de sollozos Marilin González, madre de Wilfredo. “Empezaron a disparar como locos; no midieron las consecuencias de nada ni les importó quien estuviera allí”, agregó sentada en una de esas sillas de madera con su nieta en las piernas. La versión oficial que se maneja es que hubo un enfrentamiento. Wilfredo recibió un tiro en la cabeza y murió en el sitio, el sector El Brillante, a pocos metros de su casa.
Mario Fernández, de 26 años, es primo de Wilfredo y trabajaba en una oficina del Seniat que queda muy cerca del lugar del tiroteo; al recibir la información de la muerte de su primo salió corriendo a indagar y al llegar recibió un tiro en la cara. “Está vivo de milagro. La bala logró salir por la quijada. Le hicieron una cirugía reconstructiva”, mencionó Mariela Fernández, madre de Mario y tía de Wilfredo.
Mario estuvo recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Maracaibo durante tres meses. A pesar de estar en esa condición se mantenía bajo custodia policial. Al recuperarse fue llevado al retén de El Marite acusado de contrabando. Hoy en día está bajo régimen de presentación. El caso de Mario entra en la lista de los 46 heridos por parte de las fuerzas públicas, cuyo registro proviene desde el 2010.
Exhumaciones
“A Wilfredo lo mató ese tiro en la cabeza y nosotros no hallamos allí ningún proyectil, entonces es probable que la bala esté en su cráneo aún”, dijo Yuleixy Fernández, prima de Wilfredo, en medio de una visita realizada por el Comité de Derechos Humanos de La Guajira y la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Este acercamiento se realizó con la intención de explicar el proceso de exhumación que comenzaría la segunda semana de septiembre por parte del Ministerio Público (MP), que se dedicó a atender los casos luego de las decenas de denuncias registradas por esta organización, liderada por José David González, voz líder de los derechos humanos de La Guajira. “Esto es un buen paso para la reivindicación, para la justicia; reconocemos el avance y la intención de la Fiscalía de querer esclarecer estos hechos”, mencionó.
El equipo encargado de las inhumaciones lo encabeza Elizabeth Peláez y está compuesto por dos radiólogos, dos odontólogos, dos antropólogos, los peritos médicos forenses y técnicos en criminalística. El proceso comenzó el lunes 5 y culminó el viernes 9 de septiembre de 2016. En total fueron cinco las exhumaciones.
Junto a la de Wilfredo se encuentran las de Dixon José González, sepultado en el sector Los Filúos; Ángel Regino Álvarez González, sepultado en el cementerio particular llamado Juan El Negro en Varilla Blanca; José Efraín González, sepultado en cementerio del sector La Rita; y Willy Enrique Márquez Puche, sepultado en el cementerio municipal de Sinamaica.
El proceso se llevó a cabo debido a que estos fueron sepultados sin una necropsia o estudio forense. Luego de las recurrentes denuncias, el Ministerio Público finalmente designó a un fiscal para estos casos.
Tortura
20 personas asesinadas, 46 heridos, 19 torturados, un desaparecido y decenas de denuncias de diversos abusos se registran en el Comité de Derechos Humanos de La Guajira desde el 2010, así que el Ministerio Público tiene bastante trabajo por delante. El duro relato de Richard Amaya, de 41 años, deja ver las atrocidades que se cometen, todo relacionado con la búsqueda de contrabandistas. “Ellos quieren hacer ver que están cazando a los maleantes para quedar bien, pero sabemos que agarran al primero que ven y lo quieren incriminar. El problema no es eso, sino la tortura”, explicó Richard desde su Chevrolet Malibú con el que trabaja en una ruta porpuesto en Paraguaipoa.
El 16 de febrero de 2014, aproximadamente a las 9:00 de la noche, Richard venía en una moto desde la casa de un primo en el sector Varilla Blanca y cuenta que fue interceptado por un grupo de cuatro soldados. Le pidieron sus papeles y le querían quitar el teléfono celular. Luego lo tiraron al suelo y el coronel José Miguel Rojas le disparó en una pierna. “Decían que yo era un intermediario para pasar un contrabando grande de gasolina. Había llegado luego de ser informado por los cuatro soldados, quienes dijeron que ya habían atrapado al que buscaban”, comentó.
A Richard lo llevaron en una camioneta Hilux perteneciente al cuerpo militar y lo golpearon en repetidas ocasiones; le disparaban cerca del oído y le daban patadas. “Me decían: ‘Decíme el nombre del teniente, sé que le pagaste 8 mil bolívares por cada carro’, mientras me daban golpes; (estaba) tirado en el suelo de un monte. Me golpearon como si fuera un animal; me quisieron prender fuego”, explicó Richard, quien agregó que mientras estaba en el suelo lo atropellaron con la camioneta, lo arrastraron y lo dejaron sin poder caminar; recibió una tunda para sacarle información, que según él no tenía. “Yo no soy ningún contrabandista; soy un chofer de tráfico, y solo me topé con ellos en la hora equivocada”, destacó.
Cerca de la 1:30 de la madrugada lo llevaron al comando de Yaurepana. “Eso es un centro de tortura. Allí me encerraron en algo que llaman el container, (donde) hay tubos y botellas. Me golpearon con todos esos objetos. Estaba solo y ya había oído hablar de ese sitio. Los soldados se taparon la cara, solo el coronel y el segundo comandante dejaron ver sus rostros”, explicó e indicó que luego de largas horas, en la mañana, llegaron unos sujetos. “Uno al parecer era un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y ordenaron que me soltaran ya que no era el que estaban buscando; me sacaron de allí amenazado, porque mi familia ya sabía que yo estaba en el container y me dijeron que si no se iban, me matarían. Cuando me sacaron me llevaron a un monte, me tiraron al suelo, yo pensé que me iban a dar dos tiros y ya, pero no, se fueron”, detalló.
Richard llegó caminando a su casa luego de haber padecido las peores horas de su vida. A los dos días realizó la denuncia y aún está a la espera de que los responsables paguen por lo que hicieron. “Al Coronel lo cambiaron de aquí. Yo aún espero que eso no se quede así, impune; ellos no pueden hacer lo que se les venga en gana solo por ser militares y tener poder”, indicó. El hombre ha sido uno de los pocos valientes en contar su historia ante la prensa. “Hay que revelar la verdad del maltrato que sufre el pueblo wayuu; no solo la situación del hambre, sino la matanza que realizan las Fuerzas Armadas aquí”, puntualizó.
Siendo conformistas se puede decir que al menos Richard está vivo para contarlo.
Con el permiso del difunto
A las 11:30 de la mañana comenzó el ritual. La abuela de Wilfredo tomó la palabra y pidió permiso al difunto; también pidió disculpas a los muertos y pidió perdón ante los ancestros, a quienes invocó para decirles que esta inhumación era por el bien, por la justicia, por hacer brillar la verdad y para que se reivindique el nombre del fallecido.
José David González resaltó la importancia de la exhumación y a la vez mostró respeto por la cultura wayuu: “Nosotros llevamos a cabo un trabajo importante explicando a las familias la importancia de la investigación y que se muestre la verdad. Lo hacemos con un profundo respeto a la cultura. Esto no es un segundo entierro, pero se realiza apegado al respeto de las tradiciones wayuu”.
En el cementerio de los Filúos, donde reposan los restos de Dixon José González, asesinado por presuntos integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) el pasado 6 de diciembre de 2015, colocaron palmas de coco para que las decenas de curiosos allí apostados no entorpecieran las labores. También familiares cercanos llevaron a cabo el ritual pidiendo por el alma del finado.
“Recibimos a estos señores con mucha amabilidad aquí, sabemos que están con la buena intención de esclarecer el asesinato de mi hijo; su cuerpo hablará y se hará justicia”, comentó Marilin luego de la extensa jornada del lunes 5 de septiembre que se extendió por cuatro horas. Se tomaron fotografías, muestras y distintos registros. También se llevaron pruebas de sangre de los familiares. No dejaron que personas ajenas se acercaran; tampoco hubo acceso a la prensa. Nadie tomó foto, todo para guardar la solemnidad y también la confidencialidad del acto.
El Ministerio Público tiene un tiempo establecido para dar los resultados de estos estudios. Luego de tres meses, finalmente se accedió a la exhumación y se espera que en un período más corto tengan el informe, el cual tendrán opción de revisar las organizaciones de derechos humanos que han sido protagonistas en el acompañamiento de los denunciantes.
“Seguiremos activados y pendientes. Exigimos la investigación de todos y cada uno de los casos de asesinatos y torturas, y de igual forma pedimos la indemnización de los familiares y víctimas. Muchos heridos han quedado enfermos e incapacitados para trabajar, o familias han quedado sin el principal sustento económico del hogar, por eso el Estado debe atender y responder por ello”, refirió José David González.
Mientras, la tranquilidad de la tumba de Wilfredo regresa, pero la angustia de no tenerlo y de no contar con su presencia perturba a Marilin. “A mi muchacho se lo llevaron sin piedad, lo asesinaron, lo arrastraron como a un delincuente y él no merecía eso, ni él ni nosotros como familia, pero la justicia divina nos traerá la paz que requerimos”, sentenció.
Texto publicado en alianza con El Pitazo
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